Tuesday, June 26, 2012

El Supremo confirma la anulación del PAI de Patraix y condena a Ayuntamiento y Consell a pagar 4.000 euros

Vicent Sarriá considera que tantas sentencias contra la política urbanística municipal deberían hacer al equipo del gobierno replantearse su modelo de gestión

El concejal del grupo municipal socialista Vicent Sarrià ha dado informado hoy de que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de la Sala de lo Contencioso-Administrativo número 6378/2008 “ha confirmado la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), de noviembre de 2008, que anulaba los acuerdos de adjudicación del PAI del sector urbanizable Patraix por ser contrarios a derecho”.

“La sentencia del TSJCV, sin costas, fue recurrida por el Ayuntamiento y la Generalitat, quienes ahora deberán pagar otros 4.000 euros al ser condenados en esta nueva sentencia de casación del TS”, ha precisado Sarrià, quien ha explicado que en la Comisión de Hacienda celebrada esta mañana se ha dado cuenta de esta resolución.

Según ha explicado, la motivación de ambas sentencias radica en si “la ejecución urbanística concedida por el Ayuntamiento al agente urbanizador reúne las características propias de una obra pública y en todo caso, si está sujeto a los principios propios de ese ámbito sectorial”.

El edil socialista ha indicado que la concurrencia y publicidad recogida en la Directiva y en la ley de contratos de las administraciones públicas es “la que ha venido vulnerando permanentemente el gobierno municipal del PP, motivo por el que ha recibido numerosos varapalos judiciales”.

El concejal socialista ha recordado que el grupo municipal socialista planteó en 1997, en la adjudicación del primer sector urbanizable en Orriols, que se procediera a “convocar concurso para la adjudicación de la obra de urbanización, cuyo coste finalmente acaba repercutiéndose en todos los propietarios del suelo”.

“Esta posibilidad no es contraria a los objetivos de la LRAU vigente en la adjudicación de la mayoría de PAIs de esta ciudad y, tan solo, hubiera sido necesario que el gobierno municipal lo introdujera en las condiciones de la adjudicación de los mismos a los agentes urbanizadores”, ha precisado aunque, sin embargo, ha asegurado que esta práctica “nunca la había exigido el Ayuntamiento”.

Con el objetivo de evitar estas arbitrariedades, ha señalado que la Ley Urbanística Valenciana “incorporó a la actividad de ejecución del planeamiento urbanístico los principios importados de la contratación pública en la adjudicación a los particulares de la actividad urbanizadora”.


En esta línea, el Gobierno de España en el Texto Refundido de la Ley del Suelo (RDL 2/2008) “exige la publicidad y concurrencia en su artículo 6, explicando además en su preámbulo que la urbanización es un servicio público, cuya gestión puede reservarse la Administración o encomendar a privados y que suele afectar a una pluralidad de fincas, por lo que allí donde se confíe su ejecución a la iniciativa privada, ha de poder ser abierta a la competencia de terceros, lo que está llamado además a redundar en la agilidad y eficiencia de la actuación”.

Para Vicent Sarrià, “las malas prácticas urbanísticas del PP perjudican no solo las arcas municipales, sino principalmente la credibilidad en la gestión y la ausencia de transparencia, pues no es la primera vez que reciben varapalos judiciales anulando procesos urbanísticos”. “Son demasiadas sentencias condenatorias que dejan el urbanismo del Ayuntamiento de Valencia bajo sospecha”, ha remachado.

Otras sentencias
Otra sentencia judicial anuló el PAI en suelo urbano adjudicado a EXPOCASA para desarrollar un nuevo barrio en el Camino de Moncada con 750 viviendas y 22.000 m2 de terciario. En este caso el motivo fue que al cambiar el uso del suelo industrial por residencial y terciario no se motivó suficientemente y una de las empresas que no resultó adjudicataria consideró vulnerados sus derechos. En estos momentos el TS estudia la “motivación” solicitada que fue aprobada en sesión plenaria y debe valorar si lo considera suficiente o debe iniciarse una nueva tramitación.

También el sector urbanizable de Orriols, con 3.355 viviendas, fue anulado por el TS, cuando ya la mayoría de viviendas estaban construidas, y tuvo que iniciarse nuevamente toda la tramitación. En este caso se anuló por falta de transparencia y publicidad. También por ausencia de publicidad en las alternativas técnicas, el TSJCV ha anulado cuatro PAIs en suelo urbano, en la Font de San LLuís y otros barrios de la ciudad, cuya tramitación debe reiniciarse.

Recientemente, tras otra sentencia judicial, ha sido necesario cambiar el procedimiento de aprobación de la modificación puntual del PGOU en los terrenos de Corts Valencianes para el nuevo estadio del Valencia C.F., ya que la aprobación correspondía a la Generalitat y no al Ayuntamiento de Valencia.

Otro caso fue el de la recalificación del edificio de la Tabacalera que pasó de uso industrial a residencial destruyéndose parte de sus naves y que se encuentra todavía pendiente de sentencia en el TS. En este caso, tampoco se justificó que la destrucción de las naves laterales y traseras y la construcción en el solar de dos torres de viviendas de 9 alturas mejoraban su integración en el entorno. La sentencia del TS sobre el PAI de Patraix podría sentar un precedente jurídico que aplicable a este caso.



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