Tuesday, February 28, 2012

El TSJCV confirma que el Consistorio deberá pagar 3.517.723 euros a la familia Cotino por una expropiación

Sarrià recuerda que el Jurado Provincial de Expropiaciones fijó el 5 de marzo de 2005 un justiprecio de 687.527 euros pero el Ayuntamiento paralizó el pago

El concejal del grupo municipal socialista Vicent Sarrià ha informado hoy de que en la pasada Junta de Gobierno Local se aprobó ratificar la resolución del Jurado Provincial de Expropiaciones (JPE) que retasa la parcela nº21 del Parque de Cabecera, propiedad de la familia Cotino, por un valor de 3.517.723 euros.

Esta retasación ha sido confirmada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y obliga al Consistorio a pagar 3.207.932 euros más de lo que debería haber abonado si hubiera afrontado el desembolso en el plazo máximo de dos años previsto por la ley. Además, a los 3,5 millones de euros que fija el JPE habrá que añadir 1 millón por los intereses de demora, con lo que Sarrià ha situado el precio final en 4.207.932 euros.

Así, ha recordado que el Ayuntamiento valoró inicialmente la parcela de la mercantil Alquería Dolores SL, propiedad de Vicente Cotino, por un precio de 148.206, que fueron abonados. La propiedad recurrió y el JPE fijó el 5 de mayo de 2005 un justiprecio de 687.527 euros; por su parte, el gobierno municipal no recurrió y quedó obligado a abonar los 539.311 euros de diferencia.

El 7 de julio de 2005, el arquitecto municipal informó de que este justiprecio era aceptable y que procedía proponer a la Junta de Gobierno Local consentir el acuerdo dictado. Sin embargo el expediente quedó guardado en un cajón, paralizando el pago. A su vez, la propiedad dejó pasar los dos años que marca la ley para la retasación y hasta el 24 de julio de 2008 no se dirigió al Ayuntamiento para recordar que había requerido el pago verbalmente en numerosas ocasiones y que estaba dispuesta a que el pago se realizara de forma fragmentada.

Fue entonces cuando el Ayuntamiento impulsó el expediente y solicitó informe económico, que realizó el Servicio de Expropiaciones en fecha 23 de enero de 2009, con propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno Local. Dicha propuesta consistió en “atender el gasto del citado mayor justiprecio de 539.311 euros con cargo a la partida GF000.433.600000 del presupuesto”. La intervención de Fondos confirmó parcialmente la disponibilidad de crédito el 4 de febrero de 2009.

Sin embargo, el 4 de marzo de 2009 la propiedad volvió a recordar que seguía sin cobrar y que se reservaba el derecho a solicitar la retasación. Nuevamente la intervención municipal informó sobre la disponibilidad de crédito, reiterando su informe de febrero el 4 de mayo de 2009, pero el pago seguía sin producirse.


El 15 de mayo de 2009, la propiedad formalizó la solicitud de retasación al no haber cobrado el importe y pasar los dos años que establece el artículo 58 de la Ley de Expropiación Forzosa. Solicitaba un importe de 3.600.710 euros. Ante la exigencia del artículo 58 de la LEF, la Comisión de Urbanismo aceptó la solicitud de retasación el 26 de octubre de 2009 y ofreció a la propiedad un importe de 255.182 euros. Además, el 1 de marzo de 2010 el Ayuntamiento solicitó a la propiedad un número de cuenta para ingresar los 539.311 euros que debería haber pagado en 2005, más 229.520 euros de intereses de demora.

Sin embargo, según ha explicado Vicent Sarriá, “ya era demasiado tarde, pues habían transcurrido sobradamente los dos años de la resolución inicial de mayo de 2005 y el JPE resolvió la retasación el 28 de abril de 2010, fijando un importe de 3.517.723 euros, cinco veces superior a la resolución de 2005 por valor de 687.517 euros”.

Ante esta situación, el grupo municipal socialista planteó en la sesión plenaria del 28 de mayo de 2010 la creación de una Comisión No Permanente para investigar las expropiaciones por retasación. El Ayuntamiento rechazó crear la Comisión para delimitar las responsabilidades políticas o penales, con el único argumento de que la valoración del JPE era excesiva y por eso el ayuntamiento recurría. Ahora el TSJCV ha considerado que no es excesiva y la ratifica, ya que el valor de los terrenos se ha realizado teniendo en cuenta que cuenta con servicios y por tanto la situación básica del suelo objeto del presente expediente, es de suelo urbanizado.

Además, ha reparado que de 140 expedientes de expropiación en el Parque de Cabecera sólo ha habido sobrecostes escandalosos en dos casos, el de la familia Cotino y el los Trénor aunque solo el primero de ellos ha sido confirmado por la sentencia del TSJCV.

Finalmente, Sarrià ha denunciado que “la negligencia en la gestión del área de Urbanismo costará a las arcas municipales de 4.207.932 euros para hacer frente al pago de la expropiación de los terrenos de la familia Cotino”.



Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE