Friday, April 6, 2012

Sarrià advierte de que los proyectos del Bulevar San Pedro incumplen la Orden Ministerial de Expolio

Los socialistas denuncian que Barberá se sitúa del lado de la provocación al no acatar ni la Orden Ministerial de Expolio ni los autos del Tribunal Constitucional


El concejal del grupo municipal socialista Vicent Sarrià ha advertido hoy de que los proyectos del Bulevar San Pedro (El Cabanyal) que aprobó la pasada Junta de Gobierno Local “vulneran con meridiana claridad el contenido de la Orden Ministerial de Expolio y el Auto del Tribunal Constitucional de julio de 2010”.

Sarrià ha precisado que el pasado 23 de marzo, el equipo de Gobierno aprobó dos expedientes con cargo al Plan Confianza para la urbanización de la citada zona “por un importe de 9.369.524 euros, y para adquisiciones de suelo en el ámbito BIC de la unidad 6.01, cuyo objetivo no es la rehabilitación, sino su derribo, en previsión de la ejecución del PEPRI”.

De la misma forma, ha indicado que se aprobó un proyecto para “urbanización y edificación de viviendas como Patrimonio Municipal de suelo en el ámbito de la unidad 2.10 que, en este caso, no afecta a las unidades de la pretendida prolongación de Blasco Ibañez ni a las del Bulevar San Pedro”. “Esta actuación, junto a las adquisiciones de suelo en el ámbito 76.01 se valoran en 17.973.508 euros”, ha precisado.

Para Vicent Sarrià, la alcaldesa de València, Rita Barberá, con la aprobación de estos expedientes se sitúa “del lado de la provocación y posiblemente sus actos podrían estar próximos a la prevaricación”, ya que, según ha dichom “mientras suspende licencias a particulares y empresas que quiere rehabilitar viviendas y revitalizar el barrio sin destruir el patrimonio histórico, aprueba proyectos contrarios a la Orden Ministerial y a lo defendido por el Tribunal Constitucional (TC)”.

“Ninguno de los proyectos relacionados con el Bulevard San Pedro y la compra de viviendas para su derribo tiene que ver con el auto del TC que amparó los valores vinculados a la conservación del patrimonio histórico y cultural”, ha argumentado.

Así, ha advertido de que Barberá “mantiene hacia El Cabanyal un comportamiento irresponsable e impropio de la máxima autoridad de una ciudad, que debería velar por preservar su patrimonio, rehabilitar y revitalizar sus barrios históricos, en vez de enfrentarse a los vecinos que quieren rehabilitar sus casas”.




Finalmente, Sarrià ha señalado que el presupuesto de 27 millones de euros de dos proyectos “suponen casi el 20 por ciento del total de los compromisos adquiridos por la Generalitat con Valencia a través del Plan Confianza con la ciudad”.

De hecho ha asegurado que en realidad el Ayuntamiento “no destina ni un euros al Cabanyal”. En la Junta, ha recalcado, “se limitaron a modificar dos de los proyectos más costosos del Plan Confianza aprovechando que la prórroga del Plan autoriza la modificación de proyectos ya autorizados”.

Por ello, ha advertido de que se trata de “un paripé” para “dar la sensación de que el Ayuntamiento no está paralizado". “La realidad es que la Generalitat no tiene fondos y Barberá no tiene proyectos”, ha señalado y ha asegurado que el equipo de Gobierno podría haber solicitado que esta cantidad “se destinara a otros planes de actuación libres de incertidumbres legales en la ciudad, como el Teatro Princesa”.

Antecedentes

Mediante Orden del Ministerio de Cultura de 29 de diciembre de 2009 se concluyó el procedimiento iniciado por sentencia del Tribunal Supremo para determinar si el PEPRI del Cabanyal supone expoliación de su Conjunto Histórico Protegido, resolviéndose que el PEPRI determina EXPOLIACIÓN del Conjunto Histórico del Cabanyal y exigiendo la obligación del Ayuntamiento de adaptarlo para garantizar la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la calificación de éste como conjunto histórico.

La Generalitat Valenciana a través del Decreto 1/2010 de enero de 2010 y la Ley 2/2010 de 6 de abril intentó dejar sin efecto la declaración de expolio, generando un conflicto de competencias, que en primera instancia solventó el Tribunal Constitucional mediante auto de julio del mismo año, donde con meridiana claridad manifiesta que prevalece la protección dispensada al barrio en atención a su carácter difícilmente reparable y, por tanto, es razonable amparar los valores vinculados a la conservación del patrimonio histórico y cultural. A fecha de hoy, está pendiente la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha insistido reiteradamente en la necesidad de acatar las conclusiones de la Orden Ministerial, y la primera valoración del Tribunal Constitucional en la línea de preservar los valores histórico-artísticos que motivaron la calificación del barrio como conjunto histórico, es decir, su singular trama urbana en retícula, lo que evitaría la destrucción de 1.330 viviendas, y el desplazamiento de unos 1.700 vecinos, que forman parte de las 13 unidades de gestión previstas en el PEPRI que modifican su trama urbana con la prolongación de la Avda. de Blasco Ibáñez y el bulevar San Pedro.

Por todos estos motivos, la actividad destructora que impulsó la alcaldesa con el derribo de las casas del Cabanyal, así como cualquier gestión del planeamiento que suponga la modificación de la trama urbana y de los valores histórico artísticos que motivaron su declaración como conjunto protegido, quedó definitivamente paralizada hasta que el Tribunal Constitucional dicte sentencia.

Pero, curiosamente el Gobierno Municipal optó por el enfrentamiento y la insumisión, y lejos de fomentar el diálogo con entidades, comerciantes, vecinos y grupos de la oposición para buscar una salida a esta situación, en beneficio del Cabanyal, aprobando la Circular 1/2010 de 30 de abril de la Secretaría de Urbanismo, por la que procede a suspender como medida cautelar los procedimientos del otorgamiento de licencias a pesar de que informes de la Aobgacía del Estado insisten en que la paralización de actuaciones tan solo afecta a los proyectos que modifican la trama urbana.



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